domingo, 28 de febrero de 2010

EL ESCRITORIO LEGAL

SOBRE LEGALIDAD Y JUSTICIA


Para decirlo de manera sencilla, evitando toda una serie de controversias bizantinas: por legalidad se entiende aquello que es permitido bajo el sustento de un marco de derecho (el llamado derecho positivo), mientras que por justicia –que es establecida dialécticamente por filosofía del derecho-, se entiende “lo que debe ser” (derecho normativo), velando por los intereses de todos las personas morales o físicas. O lo que es lo mismo, define el marco de derecho en que se debe mover la legalidad.

Aunque ambos términos puedan parecernos consistentes uno con respecto al otro, vemos que cada vez menos lo son. Era de esperar que la legalidad y la justicia mantuvieran una íntima conexión, entonces un acto legal sería también uno de justicia.

Sin embargo, conforme se va desenvolviendo y madurando el esquema capitalista en el que por supuesto, estamos inmersos, la justicia (o “lo que debe ser”) y la legalidad (o “lo que se permite”) cada día están más distantes, al punto que un acto legal algunas veces se nos ocurre como opuesto a lo que entendemos por justo.

Teóricamente, la legalidad se norma con base al marco de la justicia. Esta última es quien establece los criterios relativos a los derechos, obligaciones y pertinencia tanto de los individuos, como dentro del ámbito de lo social.

El llamado derecho normativo que inspira las tesis de justicia, con respecto al derecho positivo que hace hincapié en la legalidad entran en conflicto al tratar de dar sustento a los intereses de los hombres en la lucha de clases, enfrentadas bajo la práctica de la explotación del hombre por el hombre. El lucro mueve al sistema de economías occidentales, y es a su vez, la merma misma de la equidad y la justicia en las sociedades capitalistas. Organismos financieros, grandes corporaciones, empresas multinacionales son quienes cada vez más, "empujan" las leyes que todos debemos luego obedecer.

El propio desarrollo capitalista explora todas las formas posibles del lucro, es por eso, que la normatividad en materia de derecho no puede permanecer como un estado permanente. El derecho cambia, se transforma y procura enmarcar todos los intereses que tienen los individuos con base a las distintas esferas de su vida. Quizás, porque también los escenarios económicos son cambiantes. Pero en esta constante mutación, también se ven trastocados los principios del derecho en su contexto histórico. Así, el derecho en su constante metamorfosis, en su continua adaptación ante la dinámica económica, se va transformando paulatinamente de un derecho normativo, moral, humano, a un derecho positivo, material, de gestión, y con ello, la legalidad o lo que se permite, va quedando distante de la justicia, o lo que se debe entender por tal.
El capital legalizando el lucro en todas sus posibilidades de reproducción.
Hoy día no nos sorprende que se legalicen actividades que van en contra de la salud u otras menos tangibles (el juego, con el que muchos Estados llenan sus arcas) pero finalmente, igualmente negativas para el ser humano. No está distante el día en que se legalice el narcotráfico, o al menos el consumo de estupefacientes sin prescripción médica, como lo propuso en 1992 el Premio Nobel de Economía estadounidense Milton Friedman, en una visita a nuestro país quien abiertamente propuso su legalización, que aunque ante una racionalidad economista que, digámoslo de este modo, tiene cierta razón de ser pues caerían los precios de este tipo de mercado, lo que los haría menos rentables, y atractivos como negocio, pero que bien deja en claro que ante las instancias económicas, la legalidad ya más responde a los intereses de la reproducción capitalista, que a los de las personas como tales.

La llamada economía formal es aquella que es legal, es decir, la que se permite. La existencia en nuestro país, así como muchos otros del orbe occidental, de una economía informal que se estima abarca el 44% del total de todas las transacciones económicas que se realizan, revela que conforme el capitalismo avanza y se reproduce en todos los ámbitos de la vida de los hombres, las transacciones ilegales van siendo -día a día-, más participativas en la economía, a pesar de la "puesta al día" de lo legal, que si bien permite a los gobiernos recuperar su recaudación, comete grandes actos de injusticia social en la práctica, mayores en las épocas de crisis, como en el presente.

Si en un principio los individuos realizaron actividades que no declaraban al fisco, o de dudosa moral u honestidad -o abiertamente ilegales-, como una forma de subsanar sus economías familiares, ya victimizadas por dictaduras, malos gobiernos y también por la enorme incidencia de borrar de un golpe, tachando de ilegal, lo permitido apenas ayer. Ahora más bien, es el área informal la que otorga mayores beneficios y “menores riesgos” de inversión, para quienes las realizan, quizás justamente por eso, por los sucesivos ajustes que estrechan las oportunidades económicas. Son más rentables y tienen mayor mercado que las formales. De esto surge la economía política de la corrupción, en nuestra nación.

El ambulantaje, la prostitución, la venta de mercancías ilegales como los narcóticos, o de importación como la “fayuca”, transacciones fronterizas fuera de control, entre otras más, hacen patente el hecho de que el sector informal o economía subterránea prospera a un mayor ritmo que las formales. La crisis económica y los cada vez mayores costos de oportunidad que representan las actividades ilegales ciernen sobre la realidad un velo que deja en entredicho la legitimidad de las instituciones, y sobre todo, la legitimidad del propio derecho, al cual los teóricos del derecho lo consideran legítimo per se.

Así las cosas, en la violencia moderna de las relaciones económicas tanto entre individuos, instituciones, empresas transnacionales, y otros ámbitos; conforme prospera el capitalismo, el derecho va “mudando su piel” de normativo a positivo, y con ello, un abierto y cada día mayor distanciamiento entre la legalidad y la justicia.

Si se procurara mantener dentro del marco de la justicia la legalidad, entonces quedaría más entreverada la lógica del propio desarrollo capitalista en su fase terminal de transnacionalización de monopolios e imperialismo. Así, las orientaciones del derecho serían las directrices del desarrollo, y no al revés, como hoy día se viene dando. Es el derecho quien debe condicionar el desarrollo económico, y no este último quien determine el marco de la legalidad: las corporaciones dictan la ley cuando solamente deberían obedecerla.
Seleccionado por Eduardo Leira
Basado en: ENVI - http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/jirr-prol/1d.htm

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